Desde 2010 la Federación Predif Islas Baleares de personas con discapacidad física gestiona el SEPAP, que nació de la reivindicación de este colectivo de tener un servicio de estas características, y que ha permitido el acercamiento a las personas con discapacidad física desde un modelo centrado en las necesidades de las personas, y desde el trabajo interdisciplinario e integral para darles respuesta de forma eficaz.
Gracias a este trabajo, 1.500 personas, sus familias y cuidadores, se han beneficiado de este servicio; que ha demostrado desde su creación resultados visibles en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad física, convirtiéndose en un apoyo y referente para el colectivo.
Pese a los resultados tan positivos y satisfactorios, el Gobierno Balear ha decidido sacarlo a concurso en unas condiciones que hacen imposible su viabilidad económica y técnica. Por este motivo, Predif-IB ha decidido no presentarse al concurso, y presentar un recurso para impugnarlo.
A continuación, el texto en que exponen los argumentos de la Federación Predif Islas Baleares ante esta decisión:
· Lo que plantea la Consejería es un contrato “basura”, que:
- Recorta a la mitad el presupuesto actual.
- Prioriza los criterios económicos sobre los técnicos, hasta el punto de que es fácil invalidarlos.
- No contempla ninguna cláusula de baja temeraria.
- Está un 50% por debajo de lo que la Conselleria está pagando por otros servicios del ámbito de la discapacidad.
· Es un contrato precario que no permite que el servicio se consolide:
- Después de la larga historia de penalidades del “edificio Joan Crespí” y que retrasó la apertura del servicio, tras las grandes dificultades que se han derivado del impago del convenio, y después de varías prorrogas in extremis, al final se adopta otra vez una solución provisional por un año que no garantiza el futuro del servicio.
· No da respuesta a lo que necesitan las personas con discapacidad usuarias:
- No pide ninguna experiencia en la especialidad del servicio: Promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad física.
- Elimina los programas técnicos que se aplican actualmente y se imponen unos programas desfasados.
- Elimina a profesionales totalmente necesarios para la atención a las personas con discapacidad cómo son las trabajadoras familiares y la educadora. No se contempla la necesidad de personal especializado.
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