La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado luz verde al proyecto de Ley que reforma la Ley del Medicamento de 2006 para reforzar la farmacovigilancia y que, entre otras medidas, impedirá a las comunidades introducir diferencias en el acceso a los medicamentos y modificar el precio industrial que fije el Ministerio de Sanidad, lo que podría afectar a las subastas de fármacos de Andalucía.
El proyecto de Ley, que incorpora las directivas europeas 2010/84 y 2011/62 sobre farmacovigilancia y protección frente a la entrada de medicamentos falsificados, ha contado con el voto a favor de PP y UPyD, mientras que CiU y PNV se han abstenido y PSOE y la Izquierda Plural han votado en contra.
Tras su aprobación pasará al Senado para seguir la tramitación parlamentaria, con el objetivo de que pueda aprobarse de forma definitiva en el Congreso y entrar en vigor antes del verano.
El objetivo de esta reforma es incrementar las garantías de calidad de los medicamentos, mejorar la farmacovigilancia, evitar la entrada de fármacos falsificados en la cadena de suministro legal y aumentar la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.
Durante su tramitación en el Congreso también se ha introducido una enmienda que establece que los medicamentos biosimilares deberán contar con una regulación específica y que las alternativas terapéuticas equivalentes deban contar con la autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) tal y como solicitabamos en nuestros dos comunicados sobre biosimilares y ATEs, las organizaciones de pacientes crónicos más importantes de España y que sin duda han tenido un papel clave en esta modificación.
Por otro lado, finalmente el Gobierno ha introducido el copago en los fármacos de dispensación hospitalaria, medida que a nuestro juicio abre un camino perjudicial para los pacientes y sobre el que proximamente nos posicionaremos para exigir garantías en su aplicación.
