Madrid, 14 de mayo de 2012
La crisis económica por la que atraviesa España está sirviendo de pretexto al Gobierno para tomar medidas más de índole económica que sanitaria poniendo en peligro la salud de muchas personas con enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple. Esclerosis Múltiple España- FELEM, la federación representativa de las asociaciones de esclerosis múltiple en España, se opone (también lo ha hecho conjuntamente a través del Foro Español de Pacientes) a la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno con la publicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, por las siguientes razones:
1. El RD16/2012 leído en su literalidad genera alarma social en el colectivo de pacientes y en sus familias al admitir la instauración de medidas sanitarias que podrían excluir socialmente a pacientes del sistema sanitario por criterios económicos, dejándoles sin acceso a prestaciones que atienden necesidades sanitarias específicas básicas, como puede ser la inclusión en el real decreto como sujetos a copago de los fármacos para la esclerosis múltiple dispensados a través de farmacias hospitalarias.
2. El RD16/2012 muestra una ausencia de empatía y comprensión por parte del gobierno español hacia lo que implica el hecho de ser paciente en España en términos de vulnerabilidad, pérdida de ingresos económicos y aumento de costes indirectos que conduce a la estigmatización del colectivo de actuales y futuros pacientes.
3. El RD16/2012 indica un profundo y preocupante desconocimiento por parte de sus promotores de los principios básicos de la política sanitaria que exigen que toda medida económica no sólo sea valorada en costes sino también en resultados y consecuencias de salud.
4. El RD16/2012 presenta un redactado confuso que produce inseguridad jurídica y normativa al entrar en contradicción con el contenido y la intencionalidad de los derechos otorgados en la Constitución Española, la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública.
5. El RD16/2012 sitúa a los pacientes de forma injusta en medio del conflicto latente entre el gobierno central y las CC.AA por la consecución de los objetivos respectivos de déficit basados en estrategias de racionamiento de las prestaciones sanitarias .
6. El RD16/2012 implica una falta de honestidad de la clase política hacia la ciudadanía al incluir propuestas que no fueron incluidas en los programas electorales de los partidos políticos en las pasadas elecciones generales en el contexto de campañas financiadas con dinero público.
7. El RD16/2012 no ha sido debatido con las organizaciones de pacientes, el resto de partidos políticos, las sociedades profesionales y otras organizaciones de la sociedad española en la búsqueda de un consenso político y social.
Y solicita:
1. Que el gobierno retire el RD16/2012 en su redactado actual y formule una propuestas consecuente con la normativa legal y constitucional española que pueda ser debatido en el Parlamento español y con las organizaciones de la sociedad civil.
En particular solicitamos que se subsane el error mediante la aceptación de una enmienda dentro de la tramitación del RD como proyecto de Ley, o nuevo real decreto corrigiendo y matizando el anterior, o cualquier otra fórmula juridica que eficacia jurídica plena que excluya a los fármacos para la esclerosis múltiple dispensados a través de farmacias hospitalarias del copago implantado mediante este RD 16/2012.
2. Que se profesionalice el discurso político sanitario en España por parte de políticos procedentes del sector evitando esta visión estigmatizante de los pacientes como personas “derrochadoras” que precisan de medidas “disuasorias” basadas en el copago.
3. Que los partidos políticos sean coherentes con los programas electorales sanitarios por los que fueron votados por la ciudadanía.
4. Que el Parlamento español promueva un Pacto para la Sanidad que incluya la participación del colectivo de pacientes representado por sus asociaciones dentro de un ejercicio de deliberación democrática.
5. Que no se utilice a los pacientes en el conflicto existente entre gobierno central y CC.AA por el cumplimiento de los objetivos de déficit fiscal.
6. Que parte del dinero público procedente del BCE se dedique a la salud y a la sanidad considerando éste como una inversión en competitividad, en lugar de cómo un coste, en la que el Estado y las CC.AA pueden promover estrategias de creación de empleo, dado el aumento futuro de necesidades de salud de la población española.
