El pasado martes 24 de abril se publicó en el BOE el decreto ley RD 16/2012 referente al copago en el sistema sanitario dentro de las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno para contener el gasto público.

Los hospitales podrán cobrar por los medicamentos que dispensan a pacientes para que los tomen en su casa. Al menos, así se desprende de su artículo 94 bis, de “aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria”. En este se especifica que “se entiende por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente a través de oficina o servicio de farmacia”.

La redacción de esta norma resulta confusa y ha causado inquietud en foros de pacientes, ya que dejaría la puerta abierta a un copago.

El copago en tratamientos para la Esclerosis Múltiple, hasta ahora gratuitos, representaría un desembolso tremendo para las personas con EM.

Hasta hoy las personas con EM recogen la medicación de manera gratuita en los hospitales. El tratamiento cuesta 12.000 euros al año, como media. Si tuvieran que realizar alguna aportación (el copago), una persona en activo podría tener que abonar el 50% del precio de su tratamiento, lo que representaría unos 6.000 euros al año.

Al menos, eso se desprende del redactado del RD.

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, insiste en que no va a ser así, asegurando que “esto sería de aplicación para los medicamentos que tienen cupón precinto” (cartoncito que los farmacéuticos recortan de los medicamentos dispensados con receta en las oficinas).

Otra posibilidad es que se cobre un copago por los fármacos que se dan en las comunidades que tienen prestación farmacéutica en los ambulatorios, como cuando se repartía en ellos el Tamiflu, indica una portavoz del Ministerio.

El caso es confuso. El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, José Luis Poveda, cree que “habrá que aclararlo”. En su opinión, la norma se refiere a los medicamentos que en algunas comunidades se pueden conseguir en farmacias, y que otras han derivado a los servicios de los hospitales. Pone como ejemplos, dos antitumorales: el Glivec y el Temodal. “Si se dispensa en el hospital, no se pagará”, aventura. Y no es poca cosa: el Glivec cuesta 1.289,75 euros.

Para el PSOE, la cosa no está tan clara. José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad en todos los Gobiernos de Zapatero, insiste en que el Real Decreto, tal y como está escrito, deja abierta la puerta a un copago que haría imposible que muchas personas siguieran el tratamiento. “Si no es lo que pretende el Ministerio, es una prueba más de la chapuza de cómo está redactada la norma”, insiste. “Hay que dar seguridad jurídica”.

También la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero (PSOE), cree que el decreto, tal y como ha sido publicado, permite ese copago.

Redactado basado en una noticia de ELPAIS, www.elpais.com

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